Una vez que entró en vigor una reforma constitucional en materia indígena, el Gobierno del Estado y 59 municipios de la entidad potosina, tienen 180 días para realizar las adecuaciones a sus disposiciones reglamentarias aplicables.
La modificación señala que se reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana a una atención adecuada, en sus propias lenguas, para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la tecnología, al arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo, entre otros.
De la misma forma, en la toma de decisiones de carácter público; en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos.
Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la creación de empleos y la incorporación de tecnologías.
Consultarlos para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Planes Municipales de Desarrollo; promover respeto a su identidad, la difusión de sus culturas y la inclusión social; y garantizar los derechos laborales de las personas jornaleras agrícolas, trabajadoras del hogar y con discapacidad.
Impulsar y fortalecer la agroecología, los cultivos tradicionales y, en especial, el sistema de milpa, las semillas nativas, los recursos agroalimentarios y el óptimo uso de la tierra, libres del uso de sustancias peligrosas y productos químicos tóxicos.
Finalmente, reconoce la existencia histórica y vigente en su territorio de los pueblos Nahuas; Teének o Huastecos; y Xi´iuy; así como la presencia regular de los Wixárika, y comunidades o población afromexicana.
