La irrupción del inspector municipal en los mercados de San Luis Potosí a finales del siglo XIX significó el primer gran intento del gobierno por meterse hasta la cocina de la economía doméstica popular. Hasta entonces, el intercambio de mercancías se regía por la ley del regateo y la buena fe —frecuentemente burlada— entre el tendero y el cliente.
La creación de un cuerpo de inspectores fue la respuesta de la autoridad para imponer el orden porfirista en los espacios más ruidosos e imprevisibles de la ciudad.
El inspector no era un personaje bienvenido. Su presencia entre los pasillos del mercado Hidalgo alteraba el flujo normal del comercio; se le miraba con recelo mientras revisaba la pulcritud de los delantales, la frescura de la carne colgada en los ganchos y la legalidad de los permisos de piso.
Este control gubernamental pretendía transformar el mercado en un espacio higiénico y previsible, apto para la mirada de los inversionistas extranjeros. San Luis tuvo que aprender a convivir con este vigilante del mostrador, entendiendo que en la era de la modernidad técnica, hasta el acto de comprar un cuarto de manteca debía pasar por el filtro del reglamento municipal y el sello de la autoridad.
