El diputado Rubén Guajardo Barrera informó que fue presentada ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Justicia Cívica para San Luis Potosí, cuyo objetivo principal es evitar que conflictos menores escalen a procesos legales prolongados y costosos, apostando por la conciliación, el diálogo y la reparación del daño.
Durante su encuentro con medios de comunicación, el legislador explicó que esta propuesta busca atender problemáticas cotidianas como conflictos vecinales, familiares o incluso accidentes viales menores, los cuales actualmente suelen derivar en denuncias ante la Fiscalía General del Estado y procesos judiciales largos. Con la justicia cívica, dijo, se pretende que estos casos puedan resolverse de manera ágil mediante jueces cívicos y mecanismos de mediación.
Guajardo Barrera destacó que la implementación de esta ley fortalecerá la convivencia social, reducirá la carga de trabajo de las instancias judiciales y contribuirá a la construcción de comunidades más pacíficas. Señaló que otros estados del país ya cuentan con este modelo y han obtenido resultados positivos en la resolución temprana de conflictos.
El diputado precisó que la infraestructura para la operación de los jueces cívicos dependerá directamente de los ayuntamientos y no del Poder Judicial, por lo que será necesario un proceso de capacitación y formación del personal. Reconoció que la iniciativa tendrá un impacto presupuestal para los municipios, por lo que se trabajará de manera coordinada con las autoridades locales para su correcta implementación.
Asimismo, adelantó que la propuesta será analizada en comisiones, iniciando en la Comisión de Régimen Interno y de Asuntos Electorales, donde se evaluarán aspectos como su aplicación en municipios con mayoría de población indígena, tomando en cuenta los usos y costumbres de estas comunidades.
Finalmente, Guajardo Barrera confió en que la iniciativa pueda ser aprobada durante el actual periodo legislativo y entrar en vigor el próximo año, al considerar que se trata de una herramienta innovadora y necesaria para mejorar la convivencia social y atender de manera más eficiente los conflictos cotidianos en el estado.
