Las declaraciones de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo han reavivado el debate sobre el enfoque de la violencia de género. Por un lado, reconoció la gravedad del problema al señalar que retirar alertas en algunos municipios “no puede ser” y que proteger a las mujeres y combatir el maltrato es un objetivo nacional imprescindible.
Sin embargo, su postura generó controversia al advertir que este tema se está desviando hacia una “demonización” del hombre y una “guerra de sexos”. “Se politiza el crimen de pareja para convertirlo en una guerra política”, afirmó, cuestionando el enfoque ideológico detrás de algunas políticas públicas.
En ese sentido, criticó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al considerar que incluye agravantes por razón de género que rompen con principios como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. “No se puede castigar a alguien por su sexo”, sostuvo, al tiempo que calificó estas medidas como ineficaces, asegurando que los niveles de violencia se han mantenido pese a años de inversión.
No obstante, el contraste con organismos como ONU Mujeres y el Consejo General del Poder Judicial apunta en otra dirección. Estas instituciones sostienen que dichas leyes no buscan criminalizar a los hombres, sino responder a una violencia estructural contra las mujeres, además de haber contribuido a visibilizar el problema y fortalecer mecanismos de protección.
Así, el debate se mantiene abierto: mientras algunas voces cuestionan el enfoque actual, especialistas advierten que plantear el problema como una confrontación entre hombres y mujeres puede desviar la atención de una realidad compleja que sigue cobrando víctimas y requiere soluciones más allá de posturas ideológicas.
