Las fallas constantes en el suministro del acueducto El Realito continúan generando un impacto financiero para la capital potosina, que cada mes debe pagar millones de pesos por el servicio aun cuando el agua no llega de manera regular, en un contrato que autoridades reconocen como prácticamente imposible de rescindir desde el ámbito municipal.
El diputado local Luis Fernando Gámez Macías señaló que una de las principales complicaciones jurídicas radica en que el municipio de San Luis Potosí principal beneficiario del sistema no forma parte directa del contrato firmado para la operación del acueducto. A estas declaraciones el alcalde Enrique Galindo declara lo siguiente “No lo sé porque no somos parte del contrato. Ese es uno de los problemas: el usuario final es la capital, no hay otro municipio, es una presa con un ducto que abastece a la ciudad y nosotros no estamos dentro del contrato. Ni siquiera puedo saber jurídicamente los extremos ni cómo rescindirlo o presionarlo”.
El edil detalló que, independientemente del funcionamiento del sistema, el cobro llega puntualmente cada mes.
“A nosotros nos llega el recibo para pagarle al Realito cada mes, incluso aunque esté descompuesto. Pagamos entre 8 y 15 millones de pesos mensuales por el agua que llega o incluso la que no llega”, afirmó.
El esquema contempla dos cobros obligatorios: una tarifa correspondiente al suministro de agua y otra destinada al pago de la infraestructura construida. Esta última, señaló, no puede suspenderse, ya que el incumplimiento implicaría sanciones financieras mediante descuentos automáticos en participaciones federales para los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Autoridades municipales coincidieron en la complejidad del acuerdo al reconocer que realizan pagos sin tener control contractual directo.
“Coincido por primera vez con el diputado Gámez: es muy complicado porque nosotros estamos fuera del contrato y aun así pagamos”.
Además, explicaron que cada mes se solicita el ajuste de cobros cuando el suministro falla; sin embargo, las compensaciones dependen de la intermediación de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
“Cada mes le decimos al Realito que descuente el agua que no llegó a la ciudad, pero cuesta mucho trabajo y a veces hay compensaciones y a veces no”, indicaron.
Mientras tanto, la falta de agua obliga al Ayuntamiento a implementar medidas emergentes para garantizar el abasto en colonias afectadas, lo que incrementa el gasto público.
Durante el año pasado, el municipio destinó entre 60 y 70 millones de pesos únicamente en contratos de pipas para abastecer zonas donde el agua del Realito no llegó o el servicio resultó insuficiente. Este gasto se suma a los pagos anuales del contrato, que oscilan entre 120 y 160 millones de pesos por concepto de las dos tarifas vigentes.
Las pipas han sido utilizadas para atender colonias como Escalerillas, Peñasco, Bocas, Bellas Lomas y parte de San Juan de Guadalupe, además de otras zonas donde el servicio del organismo operador Interapas no logra cobertura continua.
El escenario actual mantiene a la capital potosina pagando simultáneamente por un sistema hidráulico con interrupciones recurrentes, por la infraestructura del propio proyecto y por esquemas alternos de distribución de agua, sin que hasta ahora exista una ruta jurídica clara para modificar o cancelar el contrato.
