El diputado Carlos Arreola Mallol manifestó su respaldo a la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer criterios de austeridad en los congresos estatales del país, al considerar que estas medidas permitirán homologar el gasto legislativo bajo un mismo principio de responsabilidad pública.
El legislador señaló que, aunque la propuesta original no logró avanzar en su momento en el Congreso federal, el denominado “plan B” contempla diversas acciones encaminadas a reforzar la austeridad republicana establecida en la Constitución. En ese sentido, explicó que el Congreso del Estado de San Luis Potosí se encuentra actualmente por debajo de la media nacional en cuanto a costos de operación, lo que posiciona a la entidad en una situación favorable frente a otros congresos del país.
Arreola Mallol destacó que existen legislaturas estatales que llegan a ser hasta tres veces más costosas que la potosina. Recordó que en San Luis Potosí ya se han aplicado recortes y ajustes desde legislaturas anteriores, eliminando partidas que antes utilizaban los diputados para apoyos legislativos y otros gastos, como bolsas destinadas a gestiones o comprobaciones.
Carlos explicó que actualmente el Congreso cuenta únicamente con apoyos limitados, como el uso de algunos vehículos oficiales, muchos de ellos en malas condiciones debido a que no se han renovado en años, y un esquema de apoyo para combustible. “Más allá de eso prácticamente no hay otros beneficios, y eso es parte de las medidas de austeridad que ya se han venido aplicando”, señaló.
El diputado indicó que el Congreso potosino estará atento a conocer los criterios finales que se definan a nivel nacional para determinar cómo se aplicarán localmente. Agregó que la Junta de Coordinación Política será el espacio donde se analicen los lineamientos y su posible implementación, considerando también los contextos particulares de cada entidad.
Finalmente, reiteró que el Congreso de San Luis Potosí mantiene su disposición de sumarse a las medidas que se establezcan, siempre bajo el principio de que el ejercicio del poder público debe reflejar austeridad y responsabilidad en el uso de los recursos.
