Los policías y las autoridades municipales están obligados a cumplir la legislación en materia de armamento, por lo que el caso de los elementos detenidos en San Vicente debe investigarse para determinar responsabilidades, señaló el diputado local Héctor Serrano Cortés.
El legislador consideró que los servidores públicos, particularmente quienes tienen a su cargo funciones de seguridad, deben conocer y respetar las disposiciones que regulan el uso y la portación de armas. Advirtió que existen armas de uso exclusivo del Ejército y otras cuyo uso no está permitido para las corporaciones policiales.
“Los primeros obligados a cumplir a cabalidad con la ley, con la normatividad, somos los servidores públicos”, afirmó Serrano Cortés, al subrayar que el desconocimiento de las disposiciones legales no exime de responsabilidad a quienes están obligados a cumplirlas.
En relación con los hechos registrados en San Vicente, sostuvo que es necesario esclarecer las circunstancias en las que los elementos portaban las armas y determinar si existió alguna autorización para utilizarlas. Señaló que la investigación deberá establecer tanto la responsabilidad de quienes las tenían en su poder como la de posibles personas que hubieran permitido su uso.
El diputado explicó que, cuando se trata de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la investigación debe canalizarse a las autoridades federales competentes. En ese sentido, mencionó a la Fiscalía General de la República como la instancia que tendría que conocer del asunto por tratarse de armas y explosivos.
Héctor Serrano también reconoció que las revisiones preventivas suelen generar controversia, pues mientras algunas personas consideran que pueden vulnerar derechos, otras las respaldan cuando permiten detectar posibles conductas ilícitas. No obstante, insistió en que la actuación de las autoridades debe sujetarse a la ley.
El legislador sostuvo que la responsabilidad de los cuerpos de seguridad es mayor debido a las funciones que desempeñan y reiteró que el caso debe esclarecerse para determinar quiénes portaban el armamento, si contaban con autorización y si hubo omisiones por parte de las autoridades municipales.
