Las recientes declaraciones del alcalde de Enrique Galindo Ceballos han encendido el debate público, luego de reconocer que su administración ha otorgado estímulos económicos a personas que realizaban grafiti, como parte de una estrategia para “reconvertirlos” en artistas urbanos.
“Rescate del grafitero como tal para convertirlo en artista… hasta que no encuentras a la persona, hablas con ella, la convences, y le das un espacio para que lo haga de manera profesional… incluso nosotros les hemos dado estímulo económico para que no regresen a hacer grafitis”, afirmó el edil.
Aunque el discurso se presenta como una política de inclusión cultural, la medida es cuestionada por diversos sectores donde se considera que el gobierno municipal está enviando un mensaje equivocado: infringir la ley puede tener recompensa.
El grafiti, cuando se realiza sin autorización, constituye una falta administrativa e incluso un delito en algunos casos, debido al daño a propiedad pública o privada. Sin embargo, bajo este esquema, quienes incurrieron en estas prácticas no solo evitan sanciones, sino que además reciben apoyo económico.
El propio alcalde reconoció que no todos aceptan integrarse a este modelo: “la mayoría de casos ha funcionado bien, pero siempre hay alguien que no quiere entrar en esta dinámica y es con los que hay que trabajar”.
Esta afirmación también abre otra interrogante: ¿Qué sucede con quienes rechazan el programa?, ¿Se les sanciona conforme a la ley o se mantiene una política de tolerancia selectiva?.
Si bien la promoción del arte urbano es una tendencia global, especialistas advierten que debe hacerse con reglas claras, espacios definidos y convocatorias abiertas, no mediante incentivos dirigidos a quienes previamente infringieron normas.
La política del alcalde plantea una línea difusa entre la rehabilitación social y la permisividad institucional, dejando una pregunta abierta en el aire:
¿Se está construyendo ciudadanía o normalizando la falta de consecuencias?.
