La ley de expulsión de españoles de marzo de 1829 golpeó con fuerza a la sociedad potosina. San Luis, siendo un centro minero y comercial de primer orden, albergaba a una gran cantidad de familias peninsulares que controlaban los hilos de la economía local. De la noche a la mañana, personajes que habían construido palacios y fundado obras de caridad se convirtieron en enemigos de la nación. El drama se vivió en las estaciones de diligencias, donde se despedían parientes que nunca volverían a verse. Fue el precio sangriento —y financiero— de una independencia que todavía no sabía cómo lidiar con su herencia hispana.
Al irse los españoles, se fue también gran parte del capital que movía las minas de Real de Catorce y del Cerro de San Pedro. El gobierno potosino tuvo que hacer malabares para evitar el colapso económico mientras celebraba la «limpieza» patriótica. San Luis demostró en esos días que el odio político suele ser mal negocio. Muchas de las casonas del centro quedaron vacías o pasaron a manos de una nueva élite que no siempre tenía el mismo gusto arquitectónico. La expulsión de 1829 es el recordatorio de que nuestra historia está hecha de rupturas dolorosas que nos obligaron a reinventarnos a base de pura terquedad criolla.
