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Estudiantes de la UASLP tomaron la Facultad de Ciencias después de que una exalumna denunciara a un docente por agresión con arma blanca, lo que llevó a la institución a retirarlo de sus funciones. El episodio ocurre en un contexto marcado por múltiples denuncias de acoso, violencia sexual y protestas estudiantiles en la casa de estudios.
La toma de instalaciones en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) esta semana, motivada por la denuncia de una exalumna que acusó a un docente de haberla agredido físicamente con arma blanca, se inscribe en un contexto de persistentes señalamientos por acoso, violencia sexual y omisiones de seguridad al interior de la institución.
El lunes, tras darse a conocer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Defensoría de los Derechos Universitarios, la universidad inicialmente consideró que los hechos habían ocurrido fuera del plantel y del horario escolar. Esta postura generó indignación estudiantil, que se tradujo en la toma de la Facultad de Ciencias y cierre de actividades para exigir respuestas claras y acciones concretas.
Fue después de esta movilización que la UASLP informó que retiró de sus funciones al docente acusado mientras se analizan los hechos conforme a procedimientos internos y el proceso que sigue la Fiscalía.
Contexto de casos previos
Este caso no es aislado en el historial reciente de la UASLP. En octubre de 2025, una estudiante de la Facultad de Derecho de 18 años fue presuntamente víctima de una violación agravada en instalaciones universitarias, lo que derivó en protestas, tomas y paros de planteles por parte de la comunidad estudiantil. Uno de los presuntos agresores fue detenido y enfrenta cargos por violación específica agravada, delito que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión.
Ese mismo caso detonó una ola de protestas en la UASLP, incluyendo la toma de la Facultad de Derecho, donde alumnas y alumnos exigieron justicia, transparencia y mayor seguridad en los espacios universitarios.
En otros episodios, estudiantes de la Facultad de Economía denunciaron el acoso sexual recurrente por parte de un docente, señalando que la institución había tolerado estas conductas durante años, lo que también provocó marchas y movilizaciones para exigir acciones institucionales, derivando posteriormente en la resolución laboral del profesor señalado.
De acuerdo con diagnósticos oficiales de la propia Defensoría de los Derechos Universitarios de la UASLP, la mayoría de las violencias al interior de la universidad ocurren entre pares y las mujeres son las más afectadas. Un estudio institucional indicó que más del 70 por ciento del estudiantado ha sufrido algún tipo de violencia, y que en el caso de la violencia sexual, cerca del 60 por ciento de las estudiantes reportaron haber vivido uno o más episodios, algunos dentro de espacios universitarios.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha documentado que, desde 2009, se han presentado al menos cinco quejas formales por agresiones sexuales en la UASLP, varias de las cuales continúan en proceso de investigación y han derivado en recomendaciones para fortalecer los protocolos de atención y prevención.
Asimismo, cifras de la Defensoría Universitaria señalan que en 2023 se iniciaron 52 carpetas de investigación por presunta violencia de género dentro de la UASLP, correspondientes a distintos tipos de agresión.
Reacciones y exigencias
Estudiantes y colectivos feministas han señalado que estos hechos evidencian una problemática estructural de violencia de género dentro de la universidad y una respuesta institucional que, en distintos momentos, ha sido considerada tardía o insuficiente. Las exigencias se centran en el fortalecimiento de protocolos, la capacitación obligatoria de personal académico y administrativo, el acompañamiento integral a víctimas y la aplicación de sanciones claras.
Hasta ahora, la UASLP ha reiterado su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la seguridad de su comunidad; sin embargo, para estudiantes y organizaciones, el reto sigue siendo que estos compromisos se traduzcan en acciones sostenidas y cambios estructurales que garanticen entornos universitarios seguros y libres de violencia.
