La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta uno de los litigios mercantiles más relevantes de su historia reciente, derivado del contrato de arrendamiento de un terreno ubicado en Lomas Cuarta Sección, otorgado a la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V. para el desarrollo de un proyecto deportivo.
El conflicto se originó a partir del contrato firmado en abril de 2024, mediante el cual la Universidad arrendó un predio de 46 mil metros cuadrados para la construcción del denominado “Centro Deportivo Santa Fe”. No obstante, posteriormente la empresa comenzó a promover un proyecto distinto bajo el nombre de “Distrito Santa Fe”, que contemplaba giros comerciales como agencias automotrices, tiendas y restaurantes, lo que representó un cambio sustancial respecto al uso originalmente autorizado.
Ante esta situación, la UASLP solicitó de manera formal la rescisión del contrato en abril de 2025, al considerar que la empresa incumplió los términos aprobados por el Consejo Directivo Universitario. La notificación se realizó a través de la Abogacía General, otorgando un plazo para corregir las irregularidades o devolver el predio; sin embargo, dicho plazo venció sin que se atendieran las observaciones ni se cubrieran los adeudos correspondientes.
Como respuesta, la Universidad promovió un juicio ordinario mercantil para recuperar el control del inmueble. En contraparte, Distribuidora VEM interpuso una reconvención legal en la que reclama a la UASLP el pago de 684 millones 95 mil 212 pesos por presuntos daños y perjuicios, monto que fue reportado en el Informe Financiero del cuarto trimestre de 2025 como la principal contingencia legal de la institución.
De acuerdo con la información proporcionada por la administración universitaria, no existe hasta el momento sentencia firme ni resolución judicial que determine una obligación exigible a cargo de la Universidad. Por ello, y tras un análisis del riesgo legal conforme al marco normativo contable, la UASLP no ha registrado una provisión financiera por esta contingencia, al considerarse que el reclamo constituye únicamente una expectativa de derecho.
El caso ha generado atención pública debido a la magnitud del monto reclamado y a los cuestionamientos sobre el alcance del contrato original, particularmente por la desviación del uso del terreno hacia fines comerciales. A ello se suma la presentación de denuncias penales relacionadas con el proceso de rescisión, mismas que forman parte de investigaciones en curso y que aún no han derivado en resoluciones judiciales definitivas.
La UASLP ha reiterado su postura de no litigar el caso en el ámbito mediático, señalando que cualquier actualización se dará a conocer exclusivamente por medio de las instancias judiciales correspondientes y a través de sus informes financieros oficiales, mientras el proceso legal continúa su curso.
