La elección de la dirección en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llegó a instancias judiciales. Durante la más reciente sesión del Consejo Directivo Universitario (CDU), se informó sobre dos juicios de amparo promovidos por académicos que cuestionan el proceso mediante el cual fue designada Georgina González Cázares.
Los casos fueron expuestos a través de informes de la Abogacía General, donde se detallan los recursos en trámite y los argumentos de quienes impugnan la designación.
El primer amparo (expediente 413/2026), admitido el 6 de marzo en un juzgado de distrito, fue promovido por el académico Salvador Hernández Peña. En su recurso, señala presuntas irregularidades en la sesión del 30 de enero de 2026, donde se realizó la elección y toma de protesta de la directora.
Entre los señalamientos destacan la falta de lineamientos posteriores a una sesión previa, omisiones en el cumplimiento de observaciones al Consejo Técnico Consultivo y la ausencia de resolución a un recurso de impugnación. También cuestiona que el procedimiento se haya realizado bajo una modalidad ordinaria, cuando —a su consideración— debió tratarse de una designación extraordinaria.
En este caso, la universidad respondió con un recurso de queja, argumentando que los actos impugnados no encuadran como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que mantiene en pausa el proceso mientras se resuelve ese punto.
El segundo amparo (expediente 1615/2025), admitido el 18 de marzo tras una reclamación, fue promovido por Martín Joel González de Anda. El académico sostiene que fue excluido de manera ilegal y discriminatoria del proceso de selección, pese a cumplir con los requisitos de la convocatoria.
Según su argumento, la exclusión vulnera principios básicos como la legalidad y la igualdad, además de afectar su derecho a participar en el proceso.
Durante la sesión, el rector Alejandro Zermeño Guerra hizo una observación sobre la denominación utilizada en uno de los expedientes, al precisar que la institución no cuenta con una “Facultad de Derecho y Criminología”, sino con una Facultad de Derecho que incluye esa licenciatura.
Ambos asuntos fueron presentados únicamente con carácter informativo en el apartado de asuntos generales, por lo que no generaron discusión formal ni acuerdos dentro del Consejo Directivo Universitario. Asimismo, se notificó la recepción de una queja del Consejo Técnico Consultivo de la Facultad, la cual tampoco fue abordada en la sesión.
