El aseguramiento de dos presuntas huachirrefinerías en San Luis Potosí por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) colocó nuevamente al estado en la conversación nacional y abrió cuestionamientos sobre posibles responsabilidades y vínculos que podrían surgir conforme avancen las investigaciones.
La FGR informó que, como resultado de labores de inteligencia y denuncias anónimas, fueron desmantelados cuatro centros clandestinos de procesamiento ilícito de combustible en el país, dos en San Luis Potosí, uno en Hidalgo y otro en Morelos.
El caso ha cobrado relevancia nacional debido a la magnitud de los aseguramientos y a las investigaciones en que podrían derivarse en contra de actores políticos como responsables de la operación de estos centros clandestinos.
El aseguramiento de las presuntas huachirrefinerías ha convertido a San Luis Potosí en uno de los principales focos de atención en la estrategia federal contra el robo y procesamiento ilegal de combustibles.
