A pesar de que el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, insiste en que la posible separación de Interapas no afectará el suministro, sus propias declaraciones dejan ver un proceso lleno de incertidumbre técnica y operativa.
El edil reconoció abiertamente la complejidad del sistema al señalar que “hay mucha infraestructura compartida, hay mucha infraestructura que no se puede partir, no es una repartición de bienes, es la distribución del agua”. Esta afirmación no solo confirma la dependencia entre municipios, sino que pone en duda la viabilidad de una separación sin consecuencias.
A pesar de ello, se mantiene como fecha tentativa el 30 de mayo para concretar la ruptura con Soledad de Graciano Sánchez, sin que exista hasta ahora un plan público detallado. Incluso el propio alcalde advirtió que el proceso debe manejarse con cuidado: “no afectar la entrega del agua a la población”.
Sin embargo, esa intención contrasta con la falta de certeza técnica. Galindo fue claro al admitir que “el proceso de desincorporación o desintegración del Interapas no puede afectar en cualquier momento la distribución del agua porque si no sería una muy mala medida”. La declaración, lejos de tranquilizar, evidencia el riesgo latente de que justamente eso ocurra.
Además, el edil confirmó que aún no hay definiciones concretas: “viene un análisis técnico para ver qué sí se puede y qué no”. Es decir, la decisión política avanza sin que se tenga completamente claro el alcance real de la separación ni sus implicaciones operativas.
La insistencia en una fecha límite sin resultados técnicos concluyentes genera preocupación. Más allá del discurso oficial, la desincorporación de Interapas parece perfilarse como una medida apresurada, donde las advertencias del propio alcalde terminan reforzando las dudas en lugar de disiparlas.
El reto no es solo dividir administrativamente el sistema, sino garantizar que el agua siga llegando sin interrupciones. Y, por ahora, ni siquiera el propio gobierno puede asegurar que eso será posible.
