La relación de las autoridades potosinas con el alcohol ha sido, históricamente, una mezcla de espanto moral y glotonería fiscal. Por un lado, se emitían bandos solemnes que prohibían la embriaguez por ser la «madre de todos los vicios»; por el otro, se calculaban los impuestos al aguardiente con una alegría que delataba la necesidad de pagar el alumbrado público.
El alcohol era ese pecado necesario que sostenía las arcas del ayuntamiento.
Se regulaba todo: el tamaño del envase, el horario de cierre y hasta el tipo de música que se podía escuchar, tratando de que la borrachera fuera un asunto ordenado y con decoro. Sin embargo, la tolerancia era la norma no escrita. Mientras el bebedor no insultara a la autoridad o se quedara dormido en el zaguán de una «familia de bien», el sistema seguía girando.
Los permisos de funcionamiento eran el documento más codiciado de la ciudad, un papel que otorgaba el derecho de vender olvido a domicilio. Al final, San Luis aprendió a convivir con su propio mareo, entendiendo que el orden público es una fachada que se sostiene mejor cuando el pueblo tiene dónde ir a ahogar las penas, siempre y cuando pague su respectiva cuota para que la ciudad siga pareciendo decente a plena luz del día.
