En medio del debate abierto en San Luis Potosí sobre la fiscalización de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), especialistas en administración universitaria, rectores y organismos académicos han coincidido en la necesidad de respetar los límites constitucionales que regulan la revisión del uso de recursos públicos en las universidades, sin vulnerar su autonomía.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMERIAF), Leticia Jiménez Zamora, sostuvo que resoluciones recientes del máximo tribunal del país han reafirmado que los gobiernos estatales no tienen facultades para fiscalizar directamente a las universidades públicas respecto a recursos de origen federal, ya que dicha atribución corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación. Subrayó que estas resoluciones no crean nuevos criterios, sino que clarifican lo que ya establecen la Constitución y la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Jiménez Zamora advirtió que la fiscalización se vuelve problemática cuando deja de ser un ejercicio técnico y adquiere tintes políticos, ya que ello puede afectar la operación, la administración y la autonomía de las instituciones de educación superior. Reiteró que las universidades cuentan con órganos internos de control, consejos universitarios, auditorías internas y mecanismos de rendición de cuentas que garantizan la supervisión del uso de los recursos.
El tema ha sido abordado también en espacios académicos y foros universitarios, donde autoridades educativas y especialistas han coincidido en que la fiscalización debe realizarse con estricto apego a la ley y bajo un esquema de corresponsabilidad, evitando duplicidades o invasión de competencias que puedan interpretarse como una intervención indebida en la vida universitaria.
Desde otras instituciones públicas del país, rectores han señalado que la transparencia es una obligación permanente de las universidades, incluso en el manejo de recursos autogenerados, pero han enfatizado que cualquier revisión debe realizarse dentro de un marco normativo claro que respete la autonomía universitaria, la libertad académica y el autogobierno institucional.
En el caso de la UASLP, su rectoría ha advertido que los debates en torno a la fiscalización y el presupuesto deben conducirse con responsabilidad, diálogo y apego a la legalidad, ya que decisiones unilaterales o presiones externas pueden representar un riesgo para la autonomía universitaria, principio fundamental para el desarrollo de la educación superior pública.
Especialistas han coincidido en que la autonomía no equivale a opacidad, sino a la capacidad de las universidades para administrar su patrimonio, definir sus prioridades académicas y rendir cuentas conforme a los mecanismos establecidos por la ley. En ese sentido, reiteraron que la Auditoría Superior de la Federación es la instancia facultada para revisar el ejercicio de los recursos federales, mientras que los órganos internos garantizan la vigilancia del resto de las operaciones financieras.
El debate en San Luis Potosí ha puesto en la agenda pública la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas sin debilitar la autonomía universitaria, entendida como un pilar esencial para la formación académica, la investigación y el servicio social que las universidades públicas brindan a la sociedad.
