En tiempos donde las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información para millones de personas, conocer quiénes son nuestros gobernantes y cuáles son sus responsabilidades resulta más importante que nunca. La inmediatez con la que circulan noticias, opiniones y señalamientos ha provocado que gran parte de la población consuma y difunda información sin verificar su veracidad ni su contexto.
Hoy en día, cualquiera puede comunicar “a su manera” lo que cree correcto, basándose únicamente en su percepción personal y no en hechos comprobables. Muchas de estas publicaciones no buscan informar, sino juzgar, criticar o exigir, generando un clima de inconformidad social que, lejos de aportar soluciones, alimenta la confusión colectiva.
El problema se agrava cuando la ciudadanía, sin detenerse a investigar, adopta estos discursos como verdades absolutas. La psicología social entra en juego: basta con que una persona señale a una autoridad para que cientos o miles repliquen el mensaje, convencidos de que están actuando correctamente, aun cuando la información sea errónea o incompleta. Esta dinámica no solo distorsiona la percepción pública, sino que también desvía la atención de quienes realmente tienen la facultad de atender los problemas.
Un ejemplo claro ocurre en San Luis Potosí, donde a través de redes sociales se exige al gobernador la solución de problemas como drenaje, pavimentación o seguridad municipal. Sin embargo, existe un desconocimiento generalizado sobre la estructura de gobierno y la distribución de responsabilidades. El gobernador no actúa de manera aislada ni tiene la obligación directa de resolver todos los problemas de la ciudad, ya que para ello existe un trabajo coordinado entre distintos niveles y autoridades.
Áreas como drenaje, pavimentación y servicios municipales corresponden principalmente al presidente municipal, mientras que el gobierno estatal cumple funciones distintas. Exigir soluciones a la autoridad equivocada no solo genera desgaste político y social, sino que retrasa la atención de las problemáticas, pues la presión ciudadana no llega a quien realmente puede intervenir y resolver.
De ahí la importancia de informarse, conocer quiénes son nuestros gobernantes y entender qué funciones desempeña cada uno. Solo una ciudadanía informada puede exigir con fundamento, canalizar correctamente sus demandas y contribuir a que las soluciones lleguen en tiempo y forma. En un entorno saturado de información, la crítica debe ir acompañada de conocimiento; de lo contrario, la desinformación termina convirtiéndose en un obstáculo más para el desarrollo social.
