Administrar el estado de San Luis Potosí durante la gestión de Zenón Fernández en el siglo XIX era un ejercicio de equilibrismo político que chocaba constantemente con la tiranía de la distancia y el aislamiento geográfico.
Con una población repartida entre haciendas inmensas, comunidades indígenas de la Huasteca y campamentos mineros perdidos en el desierto, el Palacio de Gobierno de la capital era una autoridad lejana cuyas órdenes tardaban días en cruzar la sierra y semanas en convertirse en realidad.
Fernández entendió que gobernar requería descentralizar la presencia del Estado. Tuvo que lidiar con la falta de caminos transitables que incomunicaban a las regiones durante la temporada de lluvias y con la soberbia de los jefes políticos locales que administraban sus distritos como si fueran señoríos independientes. Su correspondencia oficial revela una preocupación constante por mantener los juzgados abiertos y las receptorías de rentas activas en los puntos más alejados del territorio.
Su labor demostró que en el México republicano de la mitad del siglo, la soberanía de una provincia no se consolidaba con discursos liberales en la capital, sino con la terquedad del gobernante civil dispuesto a montar a caballo para recordarle al último rincón del Altiplano que la ley seguía teniendo vigencia.
