Los espacios de trabajo común en San Luis Potosí han funcionado históricamente como parlamentos informales donde se ejerce un poder que no figura en la constitución.
Los lavaderos, los talleres de calzado y los puestos de los mercados son territorios con sus propias leyes y sus propias autoridades morales. Allí, el respeto no se ganaba con un nombramiento, sino con la antigüedad, la destreza en el oficio y la capacidad para mediar en los conflictos de la comunidad. Era un autogobierno de la necesidad.
Este poder informal era el que realmente resolvía las crisis en los barrios. Si había un problema con el abasto de agua o una injusticia contra un vecino, la respuesta se organizaba en estos espacios antes de que la autoridad formal se diera por enterada. La solidaridad de clase nacía entre el vapor de las tinas y el ruido de las herramientas.
Los políticos potosinos siempre supieron que para tener tranquila a la ciudad, no bastaba con controlar el Palacio; había que tener una relación de respeto con esos centros de poder informal que podían paralizar la capital con un simple acuerdo de voluntades.
Estos espacios nos recuerdan que en San Luis el orden social tiene dos caras: la que sale en el diario oficial y la que se decide todas las mañanas entre personas que, mientras trabajan, se encargan de vigilar que la vida siga siendo posible a pesar de los gobiernos.
