La colectiva Las 6N, conformada por profesoras de la Facultad de Derecho de la UASLP, emitió un posicionamiento para rechazar la decisión de evaluar el levantamiento parcial de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), argumentando que persisten condiciones estructurales de violencia pese a disminuciones oficiales en algunos delitos. El pronunciamiento ocurre en un contexto de debate público por cifras oficiales y casos de violencia feminicida recientes.
La colectiva Las 6N, integrada por profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), difundió un posicionamiento público en el que expresa su inquietud ante la posibilidad de que se retire de forma parcial la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en algunos territorios del estado, especialmente en la capital potosina.
En el documento, el grupo académico rechazó que esta decisión se fundamente únicamente en interpretaciones estadísticas de reducción en delitos, sin asegurar condiciones que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres. “La obligación del Estado no se cancela ni se reduce: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es un mandato permanente”, subrayaron.
Este pronunciamiento surge en el marco de un debate público desencadenado tras la presentación, por parte de las autoridades municipales, de datos oficiales que señalan una reducción histórica en delitos de género; según cifras presentadas, el feminicidio habría disminuido un 83.3 % en 2025 respecto al año anterior, junto con bajas en violencia familiar y violación, lo que autoridades han interpretado como un argumento para evaluar el levantamiento de la alerta en San Luis Potosí capital.
Sin embargo, especialistas en seguridad y derechos humanos han advertido que una baja en cifras oficiales no representa necesariamente una disminución real de la violencia estructural contra las mujeres en el estado, ya que esta se manifiesta en múltiples formas que no siempre se traducen en carpetas de investigación ni en recursos estadísticos formales.
Cabe recordar que anteriormente la AVGM fue retirada en algunos municipios del estado —Matehuala, Tamazunchale y Tamuín— tras considerarse cumplidas algunas medidas específicas de la declaratoria original, aunque activistas y colectivos manifestaron su preocupación por la decisión, señalando que no se ha cumplido con todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres en esos territorios.
La colectiva Las 6N también señaló que la responsabilidad del Estado en materia de prevención y atención de la violencia de género continua vigente y no debe depender de lecturas políticas de indicadores oficiales, especialmente cuando casos recientes de feminicidio y violencia persisten en el estado.
Organizaciones sociales y académicas han subrayado que la AVGM es una herramienta jurídica diseñada para coordinar acciones estratégicas entre gobierno y sociedad civil con el fin de enfrentar, prevenir y erradicar las distintas formas de violencia feminicida, y que su retiro debe corresponder a evaluaciones exhaustivas, transparentes y participativas, más allá de simples tendencias estadísticas
