Colectivas de la diversidad sexual denunciaron que en San Luis Potosí se está cobrando 1 488 pesos a personas trans y no binarias por el trámite de reconocimiento legal de la identidad de género, un requisito indispensable para modificar el nombre y sexo en el acta de nacimiento conforme a la identidad autopercibida.
De acuerdo con integrantes de la colectiva DignidadEs Todas, este cobro representa una barrera económica directa para el ejercicio de un derecho humano básico, particularmente en un contexto donde muchas personas trans enfrentan precariedad laboral, discriminación y bajos ingresos. Señalaron que el costo fue incorporado recientemente al procedimiento administrativo, sin consulta previa a la comunidad.
Las activistas explicaron que el pago se deriva de modificaciones realizadas a la Ley de Hacienda del Estado, aprobadas en diciembre de 2025, mediante las cuales se estableció una tarifa específica para el trámite de reconocimiento de identidad de género. Desde entonces, el cobro se ha aplicado de manera regular a quienes buscan realizar el procedimiento ante el Registro Civil.
Según datos locales recabados por la colectiva, al menos once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago, lo que confirma que no se trata de un caso aislado. Además del costo económico, denunciaron que muchas personas deben trasladarse desde otros municipios hasta la capital, lo que implica gastos adicionales de transporte, permisos laborales y tiempo.
Las organizaciones exigieron la eliminación del cobro, al considerar que condicionar el acceso a la identidad legal al pago de una cuota vulnera el principio de igualdad y no discriminación. También pidieron que se abra un diálogo formal con autoridades estatales y legisladores, para revisar la implementación del trámite y garantizar que sea accesible para toda la población trans.
Finalmente, advirtieron que, de no haber una respuesta institucional, analizan recurrir a acciones legales y litigio estratégico, al señalar que el reconocimiento de la identidad de género no debe convertirse en un privilegio económico, sino en un derecho plenamente garantizado por el Estado.
