Hoy, en pleno Día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, toca decirlo sin rodeos: ejercer el periodismo en México es una vocación noble, sí, pero también un acto de resistencia cotidiana. Somos narradores de la realidad, trovadores modernos que salen a contar lo que pasa mientras otros preferirían que esas historias no existieran. Y aun así, seguimos escribiendo.
México se mantiene entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos de guerra. De acuerdo con organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, desde el año 2000 más de 160 periodistas han sido asesinados y al menos 30 permanecen desaparecidos en hechos vinculados directamente con su labor informativa. Tan solo en 2024, México volvió a colocarse entre los tres países con más periodistas asesinados en el mundo, confirmando que informar sigue siendo una actividad de alto riesgo.
A esta violencia letal se suman cientos de agresiones cada año: amenazas, intimidaciones, hostigamiento digital, campañas de desprestigio, acoso judicial y violencia institucional. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han documentado que, en años recientes, se registran más de 500 ataques anuales contra periodistas en México, lo que revela que la censura no siempre dispara, pero sí persigue, desgasta y calla.
En este mapa de riesgo, San Luis Potosí suele aparecer en un discreto segundo plano estadístico. No porque aquí no pase nada, sino porque no todo se nombra ni se reconoce oficialmente. Periodistas potosinos han denunciado amenazas, presiones, despidos y ataques tras publicar investigaciones incómodas para poderes políticos o económicos. Aquí, como en muchos estados, la censura rara vez es frontal: suele llegar en forma de demandas, difamación, retiro de convenios o silencios administrativos.
Pero el peligro no es el único precio que se paga. Está también la precariedad económica, una constante normalizada. Datos oficiales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indican que el salario promedio de periodistas y redactores en México ronda entre los 7 y 9 mil pesos mensuales, trabajando poco más de 37 horas a la semana. En muchos casos, este ingreso llega sin contrato formal, sin seguridad social y sin prestaciones básicas. En el periodismo local y digital, la realidad suele ser aún más dura: pagos por nota, honorarios irregulares y jornadas completas disfrazadas de colaboraciones independientes.
La pandemia evidenció esta fragilidad con crudeza. Durante el COVID-19, muchos compañeros enfermaron, cayeron y no lograron levantarse, no solo por el virus, sino por la ausencia de respaldo institucional, acceso a servicios médicos y condiciones laborales mínimas. Mientras la sociedad necesitaba información confiable, periodistas salían a la calle sin protección adecuada y, en no pocos casos, sin la certeza de recibir un salario completo.
Y aquí aparece la ironía que duele: somos felicitados en discursos oficiales, reconocidos en ceremonias, aplaudidos en fechas conmemorativas y hasta premiados por nuestra valentía. Pero detrás del reconocimiento hay un costo alto: físico, emocional, económico y familiar. La vocación no paga hospitales, no cubre terapias, no garantiza pensión ni devuelve la tranquilidad perdida.
San Francisco de Sales predicaba con paciencia, diálogo y palabra firme. Hoy, quizá, habría que pedirle algo más terrenal: seguridad real, salarios dignos y condiciones humanas para ejercer el oficio. Porque la libertad de expresión no se sostiene con aplausos, sino con garantías para quienes la ejercen todos los días, muchas veces en silencio.
La sátira final es esta: en México, la pluma sigue siendo poderosa… pero no tiene seguro médico, no cotiza para el retiro y muchas veces escribe con miedo. Aun así, aquí estamos. Porque informar no es un capricho ni un delito. Es un servicio público que, paradójicamente, se paga demasiado caro.
Y pese a todo, seguimos escribiendo.
