El diputado Carlos Arreola Mallol afirmó que la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” representa “una gran victoria del pueblo”, al señalar que estos beneficios han significado una carga injustificada para las finanzas públicas y un obstáculo para garantizar derechos a las nuevas generaciones.
El legislador sostuvo que durante años estas pensiones se ocultaron en fideicomisos y esquemas administrativos complejos, permitiendo que exfuncionarios accedieran a jubilaciones millonarias. “Se creaban pensiones excesivas que hoy afectan directamente el acceso de los jóvenes a un sistema digno, así como el presupuesto destinado a becas, programas sociales e infraestructura”, expresó.
Arreola Mallol explicó que la reciente reforma constitucional permitirá revertir estos esquemas, ya que, dijo, la supremacía constitucional faculta al Estado para modificar disposiciones previas. En este sentido, subrayó que no se eliminan derechos, sino que se establecen límites para evitar abusos: las pensiones financiadas con recursos públicos no podrán exceder la mitad del salario de la Presidencia de la República.
El diputado adelantó que esta medida tendrá alcance en los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal y también aplicará a organismos autónomos, incluyendo universidades públicas. En ese contexto, pidió transparentar el monto de las pensiones que reciben exrectores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al considerar que es necesario conocer el impacto real en el erario.
“Es momento de reorganizar el presupuesto y poner como prioridad a los estudiantes”, enfatizó, al advertir que la falta de atención a este sector ha derivado en inconformidades dentro de la comunidad universitaria.
Arreola, anunció que el Congreso del Estado trabaja en una reforma local para armonizar la disposición federal y evitar posibles amparos. Detalló que la aplicación de estos ajustes se vería reflejada a partir del siguiente ejercicio fiscal.
Finalmente, Arreola Mallol señaló que la revisión de pensiones será general y no dirigida a perfiles específicos, con base en la información que proporcione la Secretaría de Finanzas. “Se trata de terminar con privilegios y asegurar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de la mayoría”, concluyó.
