San Luis Potosí, S.L.P.- Un grupo de taxistas se manifestó la mañana de este martes en la Plaza de Fundadores, donde llevaron a cabo la detención de vehículos que presuntamente operan mediante plataformas digitales, como parte de sus acciones de protesta.
El movimiento fue encabezado por Luis Alberto Colorado Savedra, quien explicó que esta manifestación responde a diversas inconformidades que el gremio ha presentado previamente ante la Fiscalía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Guardia Civil, sin obtener una respuesta contundente.
De acuerdo con el vocero, los autos que brindan servicio a través de aplicaciones incurren en irregularidades al no cumplir con los registros ni pagos requeridos para operar como transporte público. Por ello, decidieron intervenir directamente y detener algunas unidades para ponerlas a disposición de las autoridades correspondientes.
Los manifestantes se plantaron sobre avenida Carranza, a la altura de Plaza de Fundadores y ka sucursal bancaria Banorte, donde además recabaron evidencia en video y testimonios de usuarios y conductores, con el objetivo de sustentar sus señalamientos sobre la operación de estos servicios.
Advirtieron que las movilizaciones continuarán en caso de no recibir respuesta por parte de las autoridades. En San Luis Potosí, la falta de un padrón oficial que regule a plataformas como Uber y DiDi ha generado un escenario de incertidumbre dentro del sector transporte, tanto para concesionarios como para usuarios. Mientras que los taxistas tradicionales deben cumplir con una serie de requisitos legales, pagos y concesiones para operar, los conductores de aplicaciones digitales no cuentan, hasta el momento, con una regulación estatal clara que delimite su funcionamiento.
Esta situación ha derivado en un crecimiento significativo de estas unidades estimado entre 3 mil y 6 mil vehículos, cifra que prácticamente compite con los 5 mil y 6 mil taxistas concesionados en la entidad, intensificando el conflicto entre ambos sectores y evidenciando la necesidad de una intervención normativa por parte de las autoridades estatales.
