Así como lo hemos adelantado en anteriores espacios, Grupo Reforma confirma lo que se ha dicho sobre la intensa red de Huachicol fiscal que involucra a personajes de la política de San Luis Potosí y de la Huasteca Potosí como es el caso Gerardo Sánchez Zumaya.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) confirman la existencia de una millonaria red de huachicol fiscal y sobornos aduanales en el Golfo que toca directamente al entorno familiar y político de Gerardo Sánchez Zumaya, el controvertido empresario potosino vinculado al PT y Morena.
De acuerdo con las declaraciones del testigo colaborador de la FGR, Héctor Manuel Portales Ávila, identificado formalmente como tío de Gerardo Sánchez Zumaya, la red operaba bajo el mando de Roberto Blanco Cantú, alias «El Señor de los Buques».
Las revelaciones ministeriales detallan cómo se repartió el dinero de los sobornos: 24.8 millones de pesos en 2024 entregados a funcionarios y marinos para permitir el contrabando de hidrocarburos, así como 44.6 millones de pesos en 2025 repartidos entre mandos aduanales y operadores para garantizar el paso libre de combustible ilícito.
En total, suman casi 70 millones de pesos destinados a corromper las aduanas de Tampico y Matamoros, asegurando la entrada de millones de litros de hidrocarburo de contrabando provenientes de Texas.
El propio Portales Ávila confesó ante la FGR cómo se administraban los moches para los marinos encargados de la custodia en la Aduana de Tampico, salpicando directamente al entorno político del PT y Morena en San Luis Potosí y la Huasteca.
Este nuevo escándalo se suma al expediente publicado previamente por el mismo diario nacional, donde se documentó que Petrogesa, empresa propiedad de Gerardo Sánchez Zumaya, facturó más de 15 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2022 y 2024.
Dicha facturación millonaria se habría realizado mediante un entramado de empresas fantasma y presunto lavado de dinero, lo que en su momento forzó a Sánchez Zumaya a declinar sus aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí el pasado 24 de septiembre.
Hoy la historia le da la razón a los ciudadanos, el discurso de la «transformación» y los negocios de combustible en la Huasteca Potosina estaban salpicados por la misma red de corrupción e impunidad que la justicia federal finalmente empieza a desmantelar.
