Tras el hallazgo de una fosa en la comunidad de Palomas, en el municipio de Ciudad del Maíz, la declaración de la diputada Mireya Vancini abrió más cuestionamientos que respuestas.
Al ser interrogada sobre el tema, la legisladora reconoció la labor de las madres buscadoras, asegurando que son ellas quienes han tenido éxito en la localización de personas desaparecidas y destacando su “tenacidad” para seguir buscando hasta encontrar.
Pero el problema no es lo que dijo… sino lo que implica.
Porque al afirmar que son las madres quienes están logrando resultados, se confirma desde el propio discurso político que el Estado no lo está haciendo.
Las frases que repiten las buscadoras, como “ya deseo tener paz y encontrar a mi ser querido”, no deberían formar parte de una lucha solitaria, sino de un sistema que garantice verdad y justicia. Sin embargo, en la realidad, ocurre lo contrario.
En San Luis Potosí, la crisis es evidente. El hallazgo constante de fosas clandestinas y el aumento de personas desaparecidas reflejan una problemática que no puede minimizarse con declaraciones.
En municipios de la Zona Media, como el propio Ciudad del Maíz, colectivos ciudadanos han encabezado búsquedas en campo, muchas veces ante la ausencia o lentitud de las autoridades.
Y ahí es donde el discurso se vuelve delicado.
Porque reconocer la labor de las madres buscadoras sin asumir responsabilidad institucional no es empatía: es normalización.
Normalizar que sean ellas quienes excaven, quienes investiguen y quienes encuentren.
Normalizar que el Estado llegue tarde o no llegue.
La diputada Mireya Vancini no se equivocó al reconocer la tenacidad de las madres. Se equivocó al no acompañar ese reconocimiento con una postura clara sobre la obligación de las autoridades.
Porque en un país donde esta realidad, como ella misma señaló, “se vive en cada rincón de México”, lo que se necesita no es solo reconocer… sino actuar.
