El conflicto por los terrenos del ejido Cerro Gordo, en Villa de Zaragoza, llegó este martes 14 de octubre al Congreso del Estado, donde comuneros de Zaragoza, San Luis Potosí y Mexquitic de Carmona solicitaron acompañamiento de las autoridades agrarias federales. La inconformidad se relaciona con el futuro de 1,854 hectáreas que, según las denuncias de los inconformes, podrían destinarse a desarrollos residenciales, industriales y de servicios.
Los antecedentes se remontan al 17 de diciembre de 2023, cuando una asamblea ejidal aprobó el cambio de destino de tierras para la creación de 107 parcelas. De acuerdo con la documentación del caso, la operación fue impulsada por particulares mediante promesas de compraventa a ejidatarios. En la revisión ambiental, los terrenos fueron identificados como zonas forestales con vegetación de matorral, por lo que el cambio de destino ejidal no representaba, por sí mismo, un cambio de uso de suelo, criterio que, según la información proporcionada, fue ratificado por la Procuraduría Agraria.
El 22 de julio de 2026, las empresas JAGUAR S.A. de C.V. y HOGANZA S.A. de C.V. realizaron detonaciones en una superficie de 12 hectáreas. La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) informó que ambas compañías contaban con permisos ambientales vigentes, identificados con el expediente IA.MIA-042/2026, así como con autorizaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para el manejo de explosivos.
Tras la movilización de habitantes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso dos clausuras por cambio de uso de suelo. En paralelo, el Registro Agrario Nacional registró el acta de la asamblea de 2023. Más adelante, el 2 de octubre de 2026, se entregaron 30 certificados parcelarios, pero el Comisariado Ejidal los recogió para corregir un error de forma en la Ciudad de México, según lo informado por los propios ejidatarios.
La preocupación de los comuneros, asesorados por la organización Guardianes de la Sierra, se centra en la presunta intención de obtener el dominio pleno de las parcelas para facilitar proyectos inmobiliarios e industriales. Por ello, aprovecharon la visita del titular de la Procuraduría Agraria federal al Congreso para exponer sus inquietudes y pedir intervención institucional.
Frente a los señalamientos, la SEGAM sostuvo que ha actuado conforme a los procedimientos y la normatividad vigente, y reiteró que las autorizaciones ambientales se otorgan con base en estudios técnicos. La dependencia también manifestó su disposición para revisar los expedientes, mientras la disputa continúa en torno a la situación jurídica de las tierras y las posibles consecuencias de su transformación.
