La imposición del internamiento forzado por razones de tratamiento de adicciones, comúnmente conocido como “anexo de personas”, podría ser equiparable a la privación ilegal de la libertad en el estado de San Luis Potosí.
Ello, en caso de que el Congreso del Estado apruebe la reforma de adicionar penúltimo y último párrafo al artículo 156 del Código Penal del Estado, presentada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín.
Propuso que se impondrán las mismas penas a quien, por sí o interpósita persona, ingrese, interne, retenga o impida el egreso de una persona, sin su consentimiento previo, libre e informado, o fuera de los supuestos excepcionales previstos en la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, aun cuando el internamiento se presente como medida terapéutica, de ayuda, protección, desintoxicación, contención o resguardo.
Esto, en su carácter de propietario, director, administrador, encargado, responsable, trabajador, colaborador o prestador de servicios de un centro de tratamiento, centro de rehabilitación, anexo o cualquier otro establecimiento destinado a la atención de las adicciones.
Añadió que no constituirá consentimiento válido el obtenido mediante violencia, amenaza, engaño, intimidación, abuso de confianza, manipulación o aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la persona.
“Una persona que atraviesa por un problema de salud mental o en el caso que nos ocupa, por un trastorno por uso de sustancias no deja de ser titular de su libertad personal, de su derecho a la salud, de su autonomía corporal ni de su derecho a decidir sobre los tratamientos que se le ofrecen”, finalizó.


