La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y del Poder Judicial de San Luis Potosí reconoció que, tras la reciente filtración de información atribuida a un presunto hackeo, se analiza la posibilidad de realizar una auditoría y contratar apoyo especializado en materia de ciberseguridad.
La magistrada presidenta señaló que desde el inicio de su gestión se ha conducido con transparencia y sostuvo que, ante cualquier problema, lo primero es reconocerlo y revisar qué ocurrió.
Explicó que la información proporcionada inicialmente correspondía a los datos que se tenían disponibles en ese momento; sin embargo, tras la última publicación relacionada con el supuesto hackeo, se reunió el viernes con el órgano de administración para analizar las medidas que deberán implementarse. “Probablemente buscamos algún tipo de auditoría o algún apoyo de ciberseguridad”, señaló, al explicar que se pretende determinar si realmente ocurrió una vulneración a los sistemas del Poder Judicial o si la información que está circulando tiene otro origen.
Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que, hasta ahora, lo que aparentemente se ha filtrado corresponde principalmente a promociones y documentos, pero no a los acuerdos emitidos por los órganos jurisdiccionales.
“Nos llama la atención ese tema de que no hay acuerdos, no se han filtrado esos acuerdos”, puntualizó.
La presidenta del STJE advirtió que, en caso de contar con elementos que confirmen que los sistemas fueron vulnerados, se presentaría la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Cuestionada sobre si el Poder Judicial mantendrá a los mismos proveedores encargados de sus actuales sistemas de protección, como firewalls y antivirus, adelantó que se buscaría contratar servicios especializados específicamente en ciberseguridad “Yo creo que a buscar ya otros”, respondió, al señalar que se requiere un proveedor que atienda de manera integral el tema de seguridad informática.
La contratación de estos servicios representaría una erogación adicional para el Poder Judicial, situación que la magistrada presidenta reconoció: “Sí, definitivamente”.
De esta manera, el Poder Judicial estatal analiza reforzar sus mecanismos de protección digital y determinar el origen de la información que ha sido difundida, antes de confirmar oficialmente si se trató de un ataque cibernético.
