La falta de un aumento en sus pensiones, pendiente desde hace diez meses, llevó a trabajadores jubilados y pensionados del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí a manifestarse en la Ciudad Judicial, donde exigieron una respuesta concreta a una demanda que —advierten— ya afecta a más de 2 mil extrabajadores en condición de vulnerabilidad.
Durante la protesta, Ana Luisa Morales Silva, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados, explicó que el ajuste solicitado corresponde al incremento salarial del 3 por ciento autorizado para trabajadores en activo, mismo que, conforme a la ley, debe reflejarse automáticamente en las pensiones.
Sin embargo, denunció que este proceso no se ha concretado por lo que calificó como negligencia y falta de interés del órgano de administración del Poder Judicial, lo que ha frenado la actualización salarial y, en consecuencia, el ajuste a los jubilados.
Morales Silva acusó directamente a funcionarios de este órgano, entre ellos su presidente, Francisco Ramos Silva, así como a los consejeros Berenice de la Rosa Reynoso y José Alfredo Salazar Martínez, de omisión en la resolución del caso y de no coordinarse con la Dirección de Pensiones para destrabar el pago.
Además, reprochó la postura de la presidenta del tribunal, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, al considerar que no ha mostrado disposición para mediar en un conflicto que, aseguró, lleva cerca de un año sin solución, incluyendo la actualización de tabuladores salariales.
La representante señaló que han sostenido reuniones y gestiones desde noviembre sin obtener resultados, a pesar de que la legislación establece que el incremento debe aplicarse de manera inmediata al trabajador en activo para que impacte a los jubilados, situación que no ha ocurrido en más de diez meses.
Subrayó que el ajuste está respaldado por el artículo 60, fracción II, de la ley de pensiones y prestaciones sociales para los trabajadores del estado, por lo que insistió en que no se trata de una concesión, sino de un derecho.
Ante este panorama, advirtió que no permitirán que la economía de los jubilados quede en la indefensión y lanzó una alerta: si persiste la falta de respuesta por parte de las autoridades, no se descarta un paro de labores en el Poder Judicial.
“Se trata de un caso inhumano que atenta contra los derechos de las personas mayores”, sostuvo, al insistir en la urgencia de que se liberen los recursos y se cumpla con el incremento pendiente.
