El Congreso del Estado aprobó por mayoría una reforma al artículo 122 Bis de la Constitución Política de San Luis Potosí, con la que se establecen requisitos específicos para quienes en el futuro busquen encabezar la Fiscalía General del Estado, separándolos de las condiciones previstas para ocupar una Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia.
La modificación deriva de los cambios implementados al Poder Judicial y busca evitar que futuras reformas relacionadas con la elección y requisitos de magistraturas tengan efectos automáticos sobre el perfil requerido para dirigir la Fiscalía.
De acuerdo con el nuevo marco constitucional, la persona titular de la Fiscalía tendrá un periodo de siete años, sin posibilidad de reelección. Entre los requisitos se contempla ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años, contar con licenciatura en Derecho y cédula profesional con una antigüedad mínima de cinco años, además de acreditar cinco años de experiencia profesional jurídica y haber residido en San Luis Potosí durante los dos años previos a la designación.
La reforma también incorpora nuevos filtros para quienes aspiren al cargo. No podrán ser designadas personas con sentencia firme por violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género o delitos contra la libertad y seguridad sexual. Asimismo, quedarán excluidos quienes sean deudores alimentarios morosos, hayan recibido sanciones firmes por faltas administrativas graves o se encuentren registrados como servidores públicos inhabilitados.
En materia política, se establece que tampoco podrá llegar a la Fiscalía quien durante el año previo haya ocupado la gubernatura, una diputación local o una Presidencia Municipal. Para quienes hayan desempeñado dirigencias partidistas, el impedimento será de tres años.
Reforma no modifica condiciones de Manuela García
El decreto establece que estas nuevas disposiciones no tendrán efectos retroactivos sobre la actual fiscal general, María Manuela García Cázares, quien continuará en el cargo bajo las condiciones jurídicas vigentes al momento de su designación.
El artículo tercero transitorio señala que esta disposición tiene como finalidad garantizar sus derechos adquiridos y la continuidad institucional de la Fiscalía General del Estado.
La aprobación de la reforma generó posturas encontradas durante la sesión. El diputado Emilio Rosas Montiel manifestó el voto en contra del Grupo Parlamentario de Morena.
Con esta modificación, el Congreso establece por primera vez un marco constitucional independiente para los futuros procesos de designación de la persona titular de la Fiscalía, desvinculando sus requisitos de los previstos para quienes integren el Poder Judicial.
