Ante la próxima etapa electoral y el fortalecimiento de la fiscalización de recursos públicos, el diputado local Luis Fernando Gámez Macías lanzó un llamado a los presidentes municipales para conducirse con ética y responsabilidad en el manejo del presupuesto, al advertir que desde el Congreso del Estado no se tolerarán irregularidades ni un eventual “Año de Hidalgo”.
El legislador se refirió a la reunión de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado con el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), en la que se dieron a conocer detalles del convenio de colaboración mediante el cual el organismo estatal y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) participarán en la revisión del gasto federalizado ejercido en San Luis Potosí.
Gámez Macías explicó que este esquema de fiscalización comprenderá recursos ejercidos por municipios, instituciones estatales y organismos autónomos, por lo que consideró relevante fortalecer la coordinación entre las instancias encargadas de vigilar el destino del dinero público.
Señaló que una de las inquietudes era conocer si el IFSE cuenta con la capacidad técnica necesaria para asumir estas tareas; sin embargo, consideró que existe tanto el conocimiento como las condiciones para hacerlo. Añadió que el Congreso también tendrá trabajo pendiente para homologar normas y atender las adecuaciones legislativas que sean necesarias.
De cara al proceso electoral, el diputado insistió en que deberá mantenerse especial vigilancia sobre los recursos públicos y dirigió su llamado principalmente a los ayuntamientos, al considerar que es en los municipios donde se presentan mayores deficiencias técnicas. “No vamos a permitir que haya Año de Hidalgo”, sostuvo, al pedir a los alcaldes conducirse con ética y apego a sus responsabilidades.
Finalmente, Gámez Macías convocó a la ciudadanía a denunciar posibles inconsistencias, particularmente cuando existan diferencias entre las obras públicas prometidas y las realmente ejecutadas. Aseguró que la Comisión de Vigilancia recibirá este tipo de señalamientos para canalizarlos mediante los procedimientos institucionales correspondientes y supervisar que el ejercicio del gasto público se traduzca en beneficios y justicia social para la población.





