El diputado local y presidente del Consejo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Carlos Arreola Mallol, informó que a partir del próximo lunes iniciará el proceso de registro para quienes aspiren a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en las 17 entidades donde habrá elecciones en 2027, incluyendo San Luis Potosí.
El legislador aclaró que la lista de supuestos perfiles ya definidos que circuló recientemente es falsa y aseguró que aún no existe ninguna decisión tomada respecto a las candidaturas. Explicó que el proceso estará abierto a toda la ciudadanía interesada y que hombres y mujeres serán evaluados por separado mediante encuestas para medir su nivel de posicionamiento y aceptación.
Arreola detalló que habrá varias etapas de selección. En una primera fase se realizará una encuesta telefónica para identificar a los perfiles mejor posicionados. Posteriormente, quienes avancen deberán realizar actividades partidistas, asambleas y recorridos territoriales para difundir los logros del movimiento. Finalmente, se aplicará una encuesta domiciliaria y se llevarán a cabo revisiones con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades de procuración de justicia para descartar posibles actos de corrupción o vínculos con actividades ilícitas.
“El objetivo es que lleguen los perfiles mejor evaluados por el pueblo, identificados con el movimiento y con una trayectoria limpia”, señaló el diputado, quien destacó que Morena busca responder a la demanda ciudadana de contar con candidaturas transparentes y alejadas de intereses ajenos al proyecto político.
En otro tema, el legislador informó que continúan los consensos para concretar una reforma político-electoral en San Luis Potosí. Entre las propuestas que impulsa Morena destaca la incorporación en la legislación local de mecanismos para anular elecciones cuando se compruebe intervención extranjera en los procesos democráticos, adecuación que deriva de recientes reformas federales.
Señaló que existe coincidencia entre distintas fuerzas políticas para fortalecer los mecanismos de revisión de antecedentes financieros de aspirantes a cargos públicos, mediante la colaboración entre autoridades electorales, la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera.
