Frente al Poder Judicial de San Luis Potosí, este 25 de septiembre no se habló solamente de expedientes, acuerdos o plazos legales. Se habló de madres que llevan meses esperando volver a abrazar a sus hijos. De niñas y niños atrapados en conflictos familiares que no provocaron. De familias que, mientras esperan una resolución, ven cómo el tiempo pasa y la infancia no se detiene.
Abogadas defensoras de derechos humanos y mujeres que se identifican como víctimas de violencia vicaria denunciaron lo que consideran una crisis estructural en los juzgados familiares de San Luis Potosí. Señalaron rezago de expedientes, falta de personal y retrasos que, según sus testimonios, pueden llevar a esperar meses para resolver convivencias, pensiones alimenticias o determinaciones relacionadas con la custodia. Para ellas, cuando un trámite tarda semanas o meses, no se trata únicamente de burocracia: se trata de vidas familiares que permanecen suspendidas.
Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa cuestionó que algunas promociones puedan tardar, según lo expuesto durante la protesta, entre uno y dos meses para recibir un acuerdo. Alejandra Rivera, por su parte, señaló que existen asuntos en los que las familias han esperado entre tres y cuatro meses para regularizar convivencias o garantizar el pago de alimentos, mientras que algunos acuerdos relacionados con pensiones, afirmó, llevan hasta cinco meses pendientes. Ante estos retrasos, explicó, algunos litigantes han recurrido a juicios de amparo para solicitar que los tribunales federales ordenen a las autoridades locales atender los asuntos.
Pero las estadísticas y los expedientes tienen rostro.
Marlene Múzquiz Flores relató que desde el pasado 1 de julio permanece separada de su bebé, entonces de apenas siete meses de edad. De acuerdo con su testimonio, el padre del menor se lo llevó mediante engaños y posteriormente habría incumplido órdenes de restitución y faltado a 24 citas de convivencia. La mujer también denunció hostigamiento y amenazas que atribuye a la representación legal de su expareja. Su caso, aseguró, ha recorrido distintos juzgados mientras ella enfrenta un desgaste que describe como devastador, con pérdida de peso, alopecia y afectaciones en su vida personal y laboral.
Adriana Luna Martínez también llevó su historia hasta las puertas del Poder Judicial. Señaló presuntas irregularidades en su expediente y afirmó que uno de sus hijos fue sustraído en 2026. Según su relato, actualmente solo puede convivir con él durante 60 minutos. Son testimonios que corresponden a las autoridades revisar y resolver conforme a derecho, pero que plantean una pregunta difícil de ignorar: ¿qué ocurre con un niño cuando el conflicto entre sus padres se prolonga durante meses o incluso años?
El problema tampoco termina en los juzgados familiares. El diagnóstico oficial sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes referido durante el posicionamiento señala que entre 2020 y septiembre de 2025 se identificaron 9 mil 853 carpetas de investigación relacionadas con menores, de las cuales alrededor del 3.5 por ciento habrían sido judicializadas. En el mismo periodo se registraron mil 492 delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. A esto se suman, según el diagnóstico, dificultades para acceder a medidas de protección, repetición de relatos ante distintas autoridades y dilaciones que pueden profundizar la revictimización.
Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas: ¿cuánto tiempo puede esperar una infancia para que llegue la justicia?
Porque un expediente puede permanecer en un escritorio. Una promoción puede esperar un acuerdo. Un trámite puede quedarse pendiente. Pero un niño no se queda detenido en el tiempo. Crece, cambia, aprende, cumple años, y cada día que pasa sin una solución puede significar un día que no vuelve.
Las más de 30 colectivas que integran Red Libre anunciaron que continuarán realizando acciones de visibilización cada día 25 para denunciar lo que consideran violencia vicaria e institucional. Más allá de las acusaciones particulares, los casos expuestos frente al Poder Judicial colocan sobre la mesa una exigencia que debería ser imposible de ignorar: que cualquier decisión relacionada con niñas, niños y adolescentes coloque realmente en el centro su interés superior.
Porque cuando la justicia familiar se retrasa, no solo se acumulan expedientes. Se acumula dolor. Y mientras los juzgados cuentan meses, los niños cuentan los días que llevan sin ver a mamá, sin ver a papá o sin recuperar la tranquilidad que alguna vez tuvieron.
