En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto, México enfrenta una de sus crisis humanitarias más dolorosas. Detrás de cada ficha de búsqueda existe una familia que espera una llamada, una noticia o una pista que permita saber dónde está su ser querido. Las cifras dimensionan el problema, pero no alcanzan a reflejar el dolor de quienes llevan meses o incluso años buscando.
De acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gobierno de México en marzo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) acumulaba 394 mil 645 registros desde 1952. De ese universo, 262 mil 111 personas habían sido localizadas, mientras que 132 mil 534 continuaban desaparecidas o no localizadas. Tan sólo durante 2025 se registraron 20 mil 621 casos, lo que muestra que el fenómeno continúa siendo uno de los principales desafíos del país.
En San Luis Potosí, la desaparición también mantiene abiertas cientos de historias. Datos del RNPDNO analizados por Red Lupa señalaban que, al 16 de mayo de 2026, solamente la capital potosina concentraba 286 casos de personas desaparecidas; además, 165 personas registradas en el estado tenían menos de 18 años al momento de su desaparición y el 46.4 por ciento correspondía a personas de entre 20 y 34 años. Las cifras pueden modificarse conforme existen nuevas denuncias o localizaciones y no todos estos casos corresponden jurídicamente al delito de desaparición forzada.
Ante esta realidad, México ha fortalecido mecanismos de búsqueda e identificación mediante herramientas como la Plataforma Única de Identidad, el Banco Nacional de Datos Forenses, sistemas de alerta y el intercambio de información entre autoridades. Además, la legislación establece que una desaparición debe investigarse inmediatamente, sin esperar 72 horas. En San Luis Potosí, para 2026 fueron autorizados más de 22.6 millones de pesos de subsidio federal para acciones de búsqueda y localización, además de realizarse operativos terrestres, trabajos con drones y toma de muestras genéticas.
Sin embargo, la tarea continúa siendo enorme. No basta con encontrar: México necesita fortalecer fiscalías y servicios periciales, reducir el rezago forense, mejorar las bases de datos, garantizar recursos suficientes para las comisiones de búsqueda y, principalmente, investigar quién estuvo detrás de cada desaparición. También resulta indispensable garantizar protección y acompañamiento a madres, padres, hermanos y colectivos que durante años han recorrido caminos, terrenos y comunidades buscando con sus propias manos.
Este domingo, colectivos de San Luis Potosí volvieron a colocar fichas con los rostros de hombres y mujeres desaparecidos, recordándole a la sociedad que detrás de las estadísticas existen nombres, familias y vidas interrumpidas. Cada fotografía colocada en una pared, poste o espacio público representa una pregunta que todavía espera respuesta y una exigencia dirigida a las autoridades: buscar hasta encontrar y garantizar verdad y justicia.
A 20 años de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, este 30 de agosto vuelve a colocar a las víctimas en el centro. Porque una persona desaparecida nunca debería convertirse solamente en una cifra o un expediente: es una vida que debe ser buscada, una historia que merece ser conocida y una familia que tiene derecho a saber la verdad.
