San Luis Potosí enfrenta un escenario delicado en materia de telecomunicaciones: mientras avanza el registro obligatorio de líneas móviles vinculado a la CURP, crecen las alertas por fallas de seguridad y vulneración de datos personales.
A nivel nacional, el proceso avanza con lentitud. De más de 150 millones de líneas activas en el país, apenas alrededor del 14% han sido registradas hasta finales de marzo de 2026, lo que evidencia un rezago considerable frente a la fecha límite del 30 de junio. Incluso, en un corte previo, apenas poco más de 9.3 millones de líneas habían sido vinculadas, en un universo donde el 85% de los números son de prepago y originalmente anónimos.
En este contexto, San Luis Potosí no es la excepción. Con millones de líneas activas, se estima que entre el 70% y el 80% podrían no estar registradas aún, lo que coloca a una gran parte de la población en riesgo de quedarse sin servicio: sin llamadas, sin internet móvil y únicamente con acceso a números de emergencia.
El impacto no sería menor. En un estado donde el celular es la principal herramienta de comunicación y trabajo, especialmente para pequeños negocios que operan vía mensajería o redes sociales, una desconexión masiva implicaría pérdidas económicas, interrupciones operativas y afectaciones directas a la vida cotidiana.
Sin embargo, el problema va más allá del registro.
En paralelo a esta obligación, han surgido serias preocupaciones en torno a la seguridad de los datos personales. En enero de 2026, se detectó una vulnerabilidad en el sistema de registro de una de las principales compañías telefónicas del país, que permitió acceder a información sensible —como nombre, CURP, RFC y correo electrónico— con solo ingresar un número telefónico.
Este no ha sido un caso aislado. Entre 2025 y 2026, México ha registrado al menos una decena de incidentes graves de ciberseguridad que han afectado tanto a instituciones públicas como a empresas privadas, comprometiendo datos de millones de personas. A ello se suma que organizaciones civiles han advertido que este tipo de padrones pueden convertirse en objetivos de ataques o filtraciones, como ya ocurrió en el pasado con el fallido RENAUT, cuya base de datos terminó expuesta en el mercado negro.
Además, especialistas han señalado que este tipo de medidas no necesariamente reducen delitos como la extorsión, pese a ser el argumento principal de su implementación. Por el contrario, advierten que pueden abrir la puerta a un mayor control y a riesgos en la privacidad, especialmente si no existen garantías sólidas de protección de la información.
El escenario es contradictorio: por un lado, se busca eliminar el anonimato en las comunicaciones; por otro, se evidencian fallas estructurales en la protección de los datos que se están recabando.
Así, San Luis Potosí se encuentra en una encrucijada: avanzar hacia la regularización de millones de líneas móviles o enfrentar una desconexión masiva, en medio de un entorno donde la ciberseguridad aún no ofrece certezas. Al final, más allá del cumplimiento de una obligación, la preocupación central permanece: los datos personales de millones de usuarios siguen siendo el eslabón más vulnerable.





