En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas y madres autónomas colocan un “tendedero de deudores alimentarios” en espacios públicos de la capital potosina para visibilizar el incumplimiento de pensiones alimenticias. La acción, que consiste en exhibir nombres y denuncias de quienes no cumplen con sus obligaciones económicas hacia sus hijas e hijos, busca evidenciar una problemática que, aunque ocurre en el ámbito privado, tiene profundas consecuencias sociales.
La protesta retoma el formato de los tendederos feministas utilizados para denunciar acoso y violencia de género, y se ha replicado en diversos estados del país desde 2022. En San Luis Potosí, esta exigencia se enmarca en la creación del Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, derivado de reformas al Código Familiar.
De acuerdo con cifras nacionales, el incumplimiento de pensiones alimenticias es una de las principales causas de litigio en materia familiar en México. Diversas organizaciones han señalado que la carga económica del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres, lo que profundiza brechas de desigualdad. En este contexto, el 8M se convierte no solo en una jornada de memoria y protesta contra la violencia de género, sino también en un espacio para exigir corresponsabilidad parental y garantías efectivas para los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Aunque la práctica del tendedero ha generado debate jurídico en torno a la protección de datos personales y la presunción de inocencia, sus impulsoras sostienen que se trata de una medida de presión social frente a procesos legales prolongados. En el marco del 8M, la justicia alimentaria también es justicia de género, y garantizar el sustento de la infancia es una responsabilidad que no admite omisiones.
