El gobernador de Ricardo Gallardo Cardona volvió a lanzar una fuerte crítica contra el organismo operador Interapas, al asegurar que se trata de una institución burocratizada, ineficiente y alejada de las verdaderas necesidades de la población, por lo que consideró urgente su desaparición para dar paso a un nuevo esquema encabezado por la ciudadanía.
“Lo que no sirve es el Interapas, es un organismo burocratizado, un organismo que tiene un sueldo de 40 o 60 mil pesos; todo lo que ustedes pagan en agua se va a sueldos, a pensiones millonarias”, declaró el mandatario estatal, al cuestionar el destino de los recursos que aportan miles de familias potosinas cada mes sin que esto se traduzca en un servicio eficiente o de calidad.
Las declaraciones del gobernador reflejan el hartazgo de una gran parte de la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde por años las quejas por falta de agua, tandeos, fugas sin reparar y mala atención por parte del organismo han sido constantes. A pesar de las tarifas cobradas, colonias enteras continúan enfrentando problemas de desabasto, lo que ha generado críticas hacia la operatividad del sistema.
El mandatario fue más allá al señalar que el organismo “tiene que desaparecer sí o sí” y planteó la creación de una nueva institución que no esté controlada por intereses políticos o administrativos, sino por la propia sociedad. “Tiene que nacer como un organismo ciudadano, donde la ciudadanía sea quien lleve las riendas del agua”, afirmó, apostando por un modelo que permita mayor transparencia y cercanía con la población usuaria.
El mandatario también sostuvo que se requiere un “borrón y cuenta nueva”, pero acompañado de una verdadera transformación en el servicio. “Tiene que haber un borrón y cuenta nueva, pero con servicio eficiente, que realmente tenga servicio”, puntualizó, al insistir en que mantener el actual esquema solo perpetúa los problemas que durante años han afectado a miles de hogares.
Las críticas contra Interapas no son nuevas, pero las declaraciones del gobernador reavivan el debate sobre la viabilidad de un organismo que, pese a los altos costos operativos y administrativos señalados, continúa siendo blanco de reclamos ciudadanos por no garantizar un derecho básico como el acceso constante al agua.
