El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Sánchez Torres, aseguró que ningún vínculo familiar con servidores públicos debe representar un obstáculo para que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen posibles responsabilidades, al ser cuestionado sobre las denuncias ciudadanas que señalan un presunto tráfico de influencias en favor del padre del alcalde de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava.
El caso surgió tras un incidente ocurrido el pasado 3 de julio, cuando vecinos de un domicilio ubicado al poniente de la capital potosina solicitaron la intervención de la Guardia Civil Estatal por una presunta agresión de J. Santos “N”, padre del edil, contra una mujer. De acuerdo con testimonios recabados por este medio, el hombre fue detenido y posteriormente recuperó su libertad, situación que ha generado cuestionamientos sobre una posible intervención de funcionarios municipales para facilitar las gestiones.
Al respecto, Guadalupe Sánchez sostuvo que el Gobierno del Estado no permitirá que exista impunidad por razones de parentesco o cercanía con algún funcionario público y subrayó que corresponde a la Fiscalía General del Estado actuar conforme a la ley si existen elementos que acrediten alguna responsabilidad.
“El tema donde algún familiar con algún asunto o con alguna cercanía a algún funcionario público, eso es tiempo del pasado; eso no le da cobija de impunidad a absolutamente nadie. Si hay alguna responsabilidad, la Fiscalía debe actuar de manera implacable, como en cualquier otro asunto, sin que para ello tenga que ver que tenga algún parentesco o familiaridad con algún funcionario público”, declaró.
El funcionario añadió que la actual administración estatal impulsa el respeto a la legalidad y afirmó que las causas justas deben prevalecer por encima de cualquier interés particular.
Las declaraciones se dan mientras continúan los cuestionamientos sobre la posible participación de personal del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro en las gestiones realizadas tras la detención de J. Santos “N”, así como sobre un eventual uso de recursos públicos o tiempo laboral para atender un asunto de carácter privado, aspectos que hasta el momento no han sido aclarados oficialmente por la administración municipal.
