La reciente reinauguración de Dinoasis, ubicado dentro del Parque Tangamanga I, ha generado no solo expectativa entre la ciudadanía, sino también cuestionamientos sobre el discurso político en torno a la obra.
Durante el evento, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que este espacio representa “un atractivo más para la ciudad”, incluso destacando que podría competir con destinos como la Huasteca Potosina en materia de esparcimiento acuático.
“Un atractivo más para la ciudad, incluso competirle a la Huasteca u otros lugares que no tenemos esparcimiento relacionado con el agua, con la diversión del agua y esto no hay en otro lugar del estado, que va a atraer atracción a la capital y es un parque que hacía falta recuperarlo”, declaró.
Sin embargo, sus palabras han sido señaladas por omitir un punto clave: la rehabilitación de Dinoasis fue realizada por el Gobierno del Estado, no por el Ayuntamiento capitalino.
Este matiz ha generado críticas, ya que el discurso del edil se centra en los beneficios para la ciudad sin reconocer explícitamente la instancia responsable de la inversión y ejecución del proyecto. Para algunos sectores, esto refleja una intención de capitalizar políticamente una obra ajena, en un contexto donde la coordinación institucional debería ser prioridad.
Además, especialistas y ciudadanos han señalado que comparar un parque acuático urbano con destinos naturales como la Huasteca podría resultar desproporcionado, considerando la riqueza ecológica y turística de la región.
La reapertura de Dinoasis, sin duda, representa una opción de entretenimiento para las familias potosinas y visitantes. No obstante, el debate no gira en torno a la utilidad del espacio, sino a la narrativa política que lo rodea y al reconocimiento de las responsabilidades institucionales en su realización.
En medio de este escenario, la ciudadanía observa con atención no solo las obras que se entregan, sino también la manera en que se comunican y se adjudican los logros en la esfera pública.
