En busca de resolver de manera más rápida los conflictos cotidianos entre vecinos y evitar que casos menores lleguen hasta la Fiscalía General del Estado, el diputado local Rubén Guajardo Barrera anunció que presentará un exhorto para que los 56 municipios de San Luis Potosí que aún no cuentan con un sistema de justicia cívica analicen su implementación.
Actualmente, explicó, únicamente los municipios de San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles cuentan con sistemas de justicia cívica, por lo que consideró que existe una importante oportunidad para que el resto de los ayuntamientos conozcan las ventajas del modelo y evalúen su incorporación.
Guajardo Barrera señaló que este es el momento oportuno para iniciar el proceso, ya que los municipios se encuentran en la etapa de elaboración de sus leyes de ingresos y presupuestos para 2027, lo que permitiría destinar recursos para la creación de juzgados cívicos sin representar inversiones excesivas.
“Lo primero es que conozcan las bondades del sistema. Después, si existe interés, podrán contemplarlo dentro de sus presupuestos. No se requieren grandes instalaciones, sino voluntad para fortalecer la prevención y mejorar la atención de los conflictos cotidianos”, expresó.
El diputado destacó que la justicia cívica permite resolver controversias vecinales y administrativas mediante el diálogo, la conciliación o la imposición de sanciones menores, evitando que asuntos de baja complejidad lleguen a la Fiscalía General del Estado.
Como ejemplo, mencionó conflictos entre vecinos por daños materiales, problemas relacionados con ruido excesivo, manejo de basura, animales o faltas administrativas, situaciones que actualmente suelen convertirse en carpetas de investigación cuando podrían resolverse mediante un juez cívico.
Además, explicó que la nueva legislación establece requisitos específicos para quienes desempeñen el cargo de juez cívico, como contar con formación jurídica, experiencia y capacitación permanente, además de mecanismos de supervisión y la posibilidad de que sus resoluciones sean impugnadas ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Finalmente, Rubén Guajardo reiteró que el exhorto busca abrir el diálogo con los ayuntamientos y dar seguimiento a la implementación del sistema, con la meta de que durante el próximo año más municipios se sumen a este modelo de justicia preventiva, contribuyendo a mejorar la seguridad pública y despresurizar la carga de trabajo de las autoridades ministeriales.
Diálogo antes que denuncias: buscan llevar la justicia cívica a más municipios.
