La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura de San Luis Potosí enfrenta un panorama cada vez más delicado: en apenas su primer año de operación ya acumula cerca de 100 carpetas de investigación por presuntos abusos cometidos por policías estatales y municipales.
La fiscal general, María Manuela García Cázares, confirmó que el problema no es aislado. “Se ven todo tipo de denuncias… no solamente del Estado sino municipales”, advirtió, al evidenciar que las acusaciones alcanzan a distintas corporaciones de seguridad.
Las cifras muestran una tendencia en ascenso. Tan solo en 2025 se iniciaron alrededor de 80 carpetas, mientras que en el primer trimestre de 2026 ya se suman otras 20, de acuerdo con datos recientes de la propia fiscalía.
El fenómeno, sin embargo, no es nuevo. Registros oficiales ya advertían que entre finales de 2024 y mediados de 2025 se documentaron al menos 37 investigaciones por tortura en el estado, mientras que informes de organizaciones civiles habían contabilizado 66 denuncias previas, muchas de ellas sin judicializar.
Frente a este escenario, García Cázares destacó que cerca del 25 por ciento de los casos abiertos en 2025 han avanzado a procesos judiciales, con detenciones incluidas, aunque subrayó que cada expediente requiere un análisis riguroso antes de proceder penalmente.
Aun así, el contexto nacional refleja un reto mayor. En México, la tortura sigue siendo señalada como una práctica “generalizada” y con altos niveles de impunidad, incluso utilizada para obtener confesiones durante detenciones, de acuerdo con informes internacionales recientes.
En San Luis Potosí, además, el problema se agrava por la baja denuncia. Datos oficiales estiman que solo una fracción de los delitos llega a reportarse, lo que deja un amplio margen de casos sin investigar.
Ante ello, la fiscal insistió en la necesidad de visibilizar este tipo de abusos y fortalecer la cultura de la denuncia. Reconoció que aún existe desconocimiento entre la ciudadanía sobre la existencia de esta fiscalía especializada, por lo que llamó a acercarse a la institución y hacer uso de sus mecanismos.
El mensaje es claro: aunque ya hay casos judicializados, la cifra de denuncias y el contexto de impunidad muestran que el combate a la tortura en la entidad apenas comienza.
