El diputado local Rubén Guajardo Barrera aseguró que la nueva Ley de Justicia Cívica busca fortalecer la seguridad pública en San Luis Potosí mediante mecanismos que permitan resolver conflictos menores entre ciudadanos sin saturar a la Fiscalía General del Estado.
El legislador explicó que la propuesta pretende establecer un sistema estatal de justicia cívica que ayude a los ayuntamientos a atender problemas vecinales y faltas administrativas de manera más rápida y eficiente.
“Lo que buscamos es darle herramientas a los municipios para resolver conflictos entre vecinos y ciudadanos, mientras que la Fiscalía pueda enfocarse en delitos de mayor impacto como robo, fraude o violencia”, señaló.
Guajardo Barrera detalló que actualmente solo tres ayuntamientos en la entidad aplican modelos de justicia cívica, por lo que la intención es ampliar este esquema a más municipios a través de una legislación estatal.
Indicó que, aunque la implementación no será obligatoria debido a la autonomía municipal establecida en el artículo 115 constitucional, el Congreso buscará dialogar con los gobiernos municipales para explicar las ventajas del sistema.
El diputado afirmó que entre los beneficios de la justicia cívica destacan la mediación de conflictos, la reducción de cargas de trabajo para las autoridades ministeriales y una atención más inmediata a problemas cotidianos entre ciudadanos.
Finalmente, señaló que el objetivo es construir un modelo que contribuya a mejorar la convivencia social y fortalecer la prevención en materia de seguridad pública en todo el estado.
