En el marco del Día Internacional contra la LGBTIQ+fobia, organizaciones, colectivas y activistas de la diversidad sexual y de género en San Luis Potosí se reunieron para visibilizar las violencias, desigualdades y barreras que aún enfrentan las personas de estas comunidades, así como para exigir a las autoridades acciones concretas que garanticen sus derechos humanos.
Aunque en México se han logrado avances legales importantes como el matrimonio igualitario, el reconocimiento de identidad de género y la prohibición de las llamadas terapias de conversión, estos derechos han sido resultado de décadas de lucha social y no concesiones institucionales. Sin embargo, advirtieron que dichas conquistas todavía no se reflejan plenamente en la vida diaria de muchas personas.
Indicaron que en San Luis Potosí persisten barreras estructurales que afectan especialmente a personas trans, no binarias, lesbianas, gays y bisexuales, quienes continúan enfrentando discriminación en espacios familiares, educativos, laborales e institucionales. “Los derechos conquistados todavía no se garantizan plenamente en la vida cotidiana”, expresaron durante su posicionamiento.
Las organizaciones también alertaron sobre el contexto internacional actual, marcado por el crecimiento de discursos antiderechos y expresiones de odio hacia las poblaciones LGBTIQ+, lo que, señalaron, ha generado un ambiente de mayor vulnerabilidad y ataques sistemáticos contra estas comunidades en distintos países.
destacaron que en la entidad la falta de presupuesto destinado a espacios, programas y proyectos de atención para población LGBTIQ+ evidencia que muchas personas continúan dependiendo del trabajo comunitario, redes de apoyo y la resistencia colectiva para acceder a acompañamiento y protección. “Resulta insuficiente hablar de inclusión si no existen políticas públicas sostenidas, presupuesto suficiente y mecanismos reales de atención y protección”, afirmaron.
Entre sus principales exigencias, pidieron presupuesto público suficiente y transparente para programas de atención integral, refugios y proyectos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, además de que el Gobierno del Estado y los municipios asuman plenamente sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Finalmente, hicieron un llamado a implementar políticas públicas permanentes que garanticen acceso digno y libre de discriminación a salud, educación, vivienda, trabajo y justicia, así como acciones efectivas para prevenir, atender y sancionar violencias y crímenes motivados por prejuicio contra la población LGBTIQ+.


