En San Luis Potosí permanece pendiente una iniciativa legislativa que busca homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con estándares nacionales e internacionales, incorporando un punto que actualmente no está reconocido en la legislación local: considerar la negación del servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como una forma de violencia institucional.
La propuesta surge en un contexto donde, si bien el marco legal mexicano ha avanzado en el reconocimiento de los derechos reproductivos, persisten vacíos normativos y operativos que dificultan el acceso real a los servicios de salud reproductiva para las mujeres.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el Estado debe garantizar condiciones que protejan la integridad física, psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres, reconociendo distintos tipos de violencia, entre ellos la violencia institucional, que ocurre cuando autoridades u organismos públicos obstaculizan o niegan derechos.
Especialistas en derechos humanos han señalado que negar o retrasar servicios médicos legalmente permitidos puede constituir violencia institucional, ya que coloca a las mujeres en situaciones de riesgo físico, emocional y económico.
Aunque en México el acceso al aborto ha tenido avances a partir de resoluciones judiciales y reformas locales en diversas entidades, en San Luis Potosí la legislación aún enfrenta rezagos en materia de armonización normativa.
La activista Nuria Serrano, integrante del colectivo ILE, explicó que actualmente existe una iniciativa pendiente en el Congreso local para actualizar el marco legal en materia de derechos de las mujeres.
“Tenemos una iniciativa que está pendiente, que es para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque no reconoce todavía la negación del servicio de la ILE como una forma de violencia”, declaró.
Actualmente, la ley estatal no reconoce explícitamente que negar la Interrupción Legal del Embarazo cuando ésta procede conforme a criterios legales o médicos sea una forma de violencia contra las mujeres. Esto genera, según activistas y especialistas, un vacío que permite interpretaciones restrictivas dentro de instituciones de salud.
La iniciativa busca cerrar esa brecha legal incorporando el concepto dentro del catálogo de violencias reconocidas por la ley estatal, lo que obligaría a las autoridades a garantizar el servicio y establecer mecanismos de responsabilidad en caso de negativa injustificada.
