El uso de amparos para atender problemáticas ambientales y urbanas puede convertirse en un “arma de doble filo”, pues aunque se trata de un recurso legal que puede favorecer causas ciudadanas, su utilización excesiva o con intereses distintos podría restarle fuerza a las luchas que colectivos y habitantes realizan desde hace años.
Así lo señaló Amaranta Robledo Madrid, ingeniera ambiental y activista potosina, integrante de Morras Ecologistas, Naturalistas, Senderistas y Aventureras (Morras MENSAS) y miembro solidario del colectivo Guardianes del Río Paisanos, al hablar sobre el papel que tienen los amparos dentro de los movimientos ciudadanos de defensa del territorio y el medio ambiente.
Amaranta Robledo Madrid consideró que existe un debate importante sobre cuándo y cómo debe utilizarse este recurso, pues señaló que en algunos casos puede ser procedente, pero también puede ocurrir que personas o grupos lleguen con una agenda propia y utilicen los mecanismos legales para sus intereses particulares. “Es como un arma de doble filo”, sostuvo, al advertir que esto puede terminar afectando el trabajo de colectivos que participan de manera organizada en la defensa ambiental.
La activista explicó que el problema no necesariamente está en que los amparos procedan, sino en determinar si realmente representan un beneficio para la causa que se busca defender. En ese sentido, consideró que el uso recurrente de este recurso puede provocar que pierda impacto y termine restándole fuerza a otras luchas ciudadanas que buscan proteger espacios naturales o patrimonio urbano. Como ejemplo de un proceso que, desde su perspectiva, surge de una organización ciudadana legítima, mencionó el caso del terreno de Puerta de Piedra, donde habitantes del sector comenzaron a involucrarse para evitar la venta del espacio. Señaló que, a diferencia de otros casos que pueden generar dudas, ahí existe un proceso que nace directamente de los ciudadanos y habitantes del lugar, quienes han buscado informarse y conocer las herramientas legales disponibles para defender su entorno.
“Uno como ciudadano se reconoce como sujeto de derecho y menos conoce los códigos civiles, penales y administrativos”, explicó. Por ello, destacó el esfuerzo de quienes participan en este tipo de movimientos para capacitarse, informarse y buscar que sus acciones tengan mayor solidez jurídica.
Reconoció que colectivos como Derecho Urbano han acompañado y socializado parte de estos procesos, aunque aclaró que no cuenta con información adicional a la que se ha hecho pública sobre el amparo relacionado con Puerta de Piedra. Sin embargo, consideró positivo que los ciudadanos estén buscando prepararse antes de emprender acciones legales.
Finalmente, sostuvo que uno de los grandes aprendizajes de estos procesos es la necesidad de que las luchas ciudadanas estén respaldadas por información y conocimiento jurídico, pues consideró que en administraciones anteriores pudieron existir fallas precisamente por emprender acciones sin contar con la suficiente solidez para determinar qué procedimientos eran realmente procedentes.
