Por séptimo mes consecutivo, el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, reportó la apertura de poco más de 50 carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí.
El mes de enero inició con la presentación formal de 44 denuncias ante el Ministerio Público en materia de delitos contra la familia, y de ahí en adelante promediaron 56 querellas mensuales.
De forma detallada, en el mes de febrero se iniciaron 56 denuncias; en el mes de marzo con 50; en el mes de abril con 53; en el mes de mayo con 57; en el mes de junio con 56; en el mes de julio con 66; y en el mes de agosto con 56.
Es decir, entre enero y agosto, la entidad de procuración de justicia recibió 438 denuncias en contra de deudores alimentarios, ya sean padres, madres o incluso hijos, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Este delito se sanciona con una pena de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 60 a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización vigente (UMA), es decir, de 7 mil 038.6 a 35 mil 193 pesos.
Pero además se aplica la suspensión o privación de los derechos de familia hasta por 6 meses; y, como reparación del daño, el pago de al menos las cantidades no suministradas oportunamente, según el artículo 202 del Código Penal del Estado.
