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Operativos por robo de autos evidencian problema vigente en SLP

La estrategia de seguridad en San Luis Potosí vuelve a colocarse en entredicho tras las propias acciones anunciadas por autoridades municipales para contener el robo de vehículos, un delito que continúa obligando a operativos interinstitucionales.

El comisario Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento, confirmó que recientemente se llevó a cabo una reunión entre los tres niveles de gobierno con el objetivo de atender este ilícito.

“Hubo una reunión coordinada con los tres niveles de gobierno, en donde el objetivo es precisamente atender el tema enfocado en el robo de vehículos. El día de ayer, coordinados con Policías de Métodos de Investigación, Guardia Nacional, Defensa, Estado y nosotros, se hizo una intervención de revisión de vehículos; la información que tengo parece ser un vehículo que resultó con un tema de reporte de robo”, declaró el funcionario.

El propio comisario reconoció que estas acciones forman parte de una estrategia que busca intervenir en los factores que propician este delito.

A la par, el alcalde Enrique Galindo Ceballos instruyó ampliar las acciones hacia áreas vinculadas con la comercialización de unidades.
“Generar otras acciones encaminadas a otras áreas que tienen relación con la comercialización de vehículos que estaremos atendiendo”, fue la directriz señalada.

No obstante, el despliegue de estos operativos y el reconocimiento de líneas de investigación sobre el origen del delito contrastan con la narrativa oficial que ha sostenido que la capital potosina mantiene condiciones de seguridad.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican al robo de vehículos como uno de los delitos patrimoniales con incidencia constante. En San Luis Potosí, los registros muestran que mes con mes se abren carpetas de investigación por este ilícito, lo que evidencia que no se trata de hechos aislados.

Si bien las autoridades plantean que las revisiones y la coordinación interinstitucional buscan contener el problema, las propias acciones anunciadas reflejan la persistencia de un delito que continúa requiriendo operativos específicos para su atención en la capital.

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