En San Luis nunca se necesitó un decreto militar para establecer un toque de queda; bastaba con la mirada del vecino y el juicio del párroco.
Existía una jerarquía de la calle: después de cierta hora, solo podían circular los hombres de negocios, los militares o los médicos en urgencias. Cualquier mujer, joven o trabajador que fuera visto fuera de lugar después del toque de las ánimas era sentenciado inmediatamente por el tribunal del chisme. No era una prohibición legal, era una aduana social.
Este control del espacio público garantizaba que la ciudad se mantuviera predecible. La calle era para los que tenían una función oficial; para los demás, era el lugar de la tentación o del peligro.
Se sabía quién tenía permiso de estar afuera por la forma en que vestía y por la seguridad con la que saludaba al sereno. El toque de queda informal era el mecanismo de defensa de una sociedad que temía que, al amparo de la noche, las jerarquías se mezclaran. Así, la noche potosina se convirtió en el filtro definitivo: el que estaba afuera era sospechoso, y el que estaba adentro, una persona decente con miedo a la oscuridad.
