A pesar del compromiso formal, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no ha nombrado al titular de la Unidad de Personas Desaparecidas, luego de que venciera el plazo fijado para el pasado 23 de marzo sin que exista información pública al respecto.
El acuerdo quedó asentado en una minuta del 17 de marzo, difundida por el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, tras una reunión con autoridades estatales. En ese documento, la propia Fiscalía reconoció que la unidad operaba sin titular, una figura clave para coordinar las investigaciones y acciones de búsqueda.
Como medida provisional, se estableció que el fiscal de Derechos Humanos, Doroteo Paredes Granado, asumiría funciones administrativas mientras se concretaba el nombramiento en un plazo de seis días. Sin embargo, ese periodo ya concluyó sin claridad sobre el cumplimiento del acuerdo.
El incumplimiento ocurre en medio de una crisis señalada por colectivos de búsqueda, quienes han denunciado falta de recursos, personal insuficiente y la suspensión de salidas a campo por carencias básicas como combustible.
Para las familias, la ausencia de un titular no es un asunto menor, sino un reflejo de la desorganización institucional que, aseguran, ha frenado avances en la localización de personas desaparecidas en San Luis Potosí.
La minuta también contemplaba otros compromisos, como la presentación de un informe de resultados entre 2021 y 2025, la instalación de mesas de trabajo para procesar hallazgos y la realización de reuniones periódicas con colectivos. No obstante, el retraso en el nombramiento se ha convertido en el punto más crítico por la falta de respuesta oficial.
Este escenario se suma a protestas recientes, toma de instalaciones y acusaciones de revictimización, mientras las familias continúan exigiendo condiciones mínimas para la búsqueda y el nombramiento inmediato de quien encabece la unidad.
